La trampa del eje

Por qué el juego de la izquierda y la derecha es una cárcel del lenguaje

Hay palabras que nacen para describir y acaban sirviendo para encerrar. «Izquierda» y «derecha» nacieron en un lugar muy concreto: la Asamblea Nacional francesa de 1789. Quienes defendían que el rey conservara el derecho de veto se sentaron a la derecha del presidente de la cámara; quienes querían limitarlo, a su izquierda. Era una descripción de asientos en un debate puntual.

Más de dos siglos después, aquella disposición de sillas se ha convertido en identidad, en uniforme, en bando. Y quien se viste de bando deja de pensar los problemas para empezar a defender colores. Esa es la trampa: no que existan diferencias reales entre propuestas, que las hay, sino que aceptemos una línea con dos extremos como el único mapa posible de la vida en común.

Qué es, en realidad, la política

La política es el proceso de llevar a cabo la organización, el control y la gestión de unas labores que afectan al conjunto social, y para las cuales un grupo de personas ha designado a un representante.

Conviene fijarse en el orden de esa definición. Primero está la necesidad común. Después, la organización de quienes la comparten. Y solo al final, como consecuencia, aparece la persona encargada de gestionarla. Aristóteles ya sostenía que la comunidad política es anterior, por naturaleza, a cada uno de sus miembros: no existe el gobernante sin la ciudad que lo necesita.

El político es la consecuencia de la organización de las masas, y no al revés.

Uno no sale a buscar a quién representar. Es el pueblo quien selecciona a la persona más cualificada para una función. Y esa selección no es un acto que ocurra una vez cada cuatro años y se olvide; es un proceso que dura todo el tiempo que sea necesario, mientras la labor exista y mientras el representante la cumpla.

Cuando este orden se invierte, cuando primero aparece el político y después sale a buscarse un público, necesita una herramienta para fabricarlo. Esa herramienta es el eje izquierda–derecha. Ofrece una identidad empaquetada: no hace falta examinar al candidato, ni su preparación, ni su gestión anterior; basta con comprobar de qué lado se sienta. El eje apela a la pasión, esa forma desmesurada de actuar, y deja sin trabajo al intelecto entrenado por el discernimiento, que es quien debería elegir.

Lo que esconden las etiquetas

Cada etiqueta promete una cosa y, en la práctica, produce otra. Mirarlas de cerca no sirve para elegir la «buena», sino para entender que ninguna describe lo que dice describir.

El «socialismo» y la ventana de la licitación

Coloquialmente se habla del socialismo como sinónimo de izquierda, de lo público, de lo colectivo. Pero en la práctica española buena parte de la gestión de los servicios sociales no la realiza directamente la administración, sino empresas que acceden a ella mediante licitaciones y concesiones: residencias, ayuda a domicilio, limpieza, comedores, mantenimiento.

Cada licitación es un punto de decisión donde el interés puede comprarse: un pliego redactado a medida, una adjudicación que se repite, un sobrecoste que nadie revisa. Se abre así una ventana para la corrupción. Y esa ventana no tiene color: la han abierto gobiernos de todo signo. Precisamente por eso la etiqueta engaña. Llamar «socialista» a un modelo no dice nada sobre si el servicio lo controla la comunidad o lo controla quien ganó el contrato.

La «derecha» y el mercado que se marcha

La derecha aboga por el libre mercado: vía libre para que cualquiera compita. La promesa es eficiencia y precios ajustados. Pero hay bienes que nadie puede dejar de necesitar: la vivienda, el agua, la energía, el alimento. Cuando la demanda no puede retirarse, la competencia no abarata; el precio sube hasta donde aguante el bolsillo. Lo más necesario es, a menudo, lo que más se desorbita.

Y en el otro extremo, lo que da poco beneficio deja de tener interés. La línea de autobús al pueblo, la sucursal bancaria, el médico rural, la tienda de la plaza. El mercado no castiga a esos lugares: simplemente se va. No hay que buscar culpables para entender por qué se vacían los pueblos; basta con preguntarse a quién le sale rentable quedarse.

La «izquierda» y la igualdad que no mira el terreno

La izquierda aboga por la igualdad de derechos. Pero cuando esa igualdad se aplica de manera uniforme, independientemente de las necesidades individuales o territoriales, produce injusticias aparentes. La misma norma para un municipio de montaña con trescientos vecinos que para un barrio de una gran capital no es igualdad: es ignorar que cada lugar y cada necesidad son diferentes. Igualdad no es identidad.

Para corregirlo, los movimientos de izquierda dependen de la participación ciudadana en cada aspecto de la realidad social: asambleas, consultas, procesos abiertos. Es una aspiración noble, pero en la mayor parte de los casos convierte la ejecución en un proceso tedioso y largo, a veces imposible por las propias diferencias entre quienes participan. Cuanto más grande es el territorio sobre el que se pretende decidir a la vez, más imposible se vuelve.

El actor que no se sienta en la Asamblea

Mientras discutimos a qué lado del hemiciclo nos sentamos, hay actores que no ocupan ningún asiento y, sin embargo, condicionan lo que se decide en todos. La banca internacional y las grandes multinacionales no necesitan ganar elecciones. Les basta con que el debate se mantenga entretenido en el eje mientras ejercen una presión constante en tres frentes.

Los recursos. El agua, la energía, el suelo, los montes. Lo que es de todos y de lo que todos dependen tiende a pasar, por concesión, privatización o endeudamiento, a manos de quien tiene capital para comprarlo. Una vez en sus manos, deja de responder a la necesidad del territorio y pasa a responder a la cuenta de resultados.

Los servicios. Allí donde existe una necesidad que nadie puede dejar de cubrir, hay un beneficio asegurado. Es el mismo mecanismo de la licitación y del mercado que se marcha, visto desde el otro lado: quien gana no es la izquierda ni la derecha, sino quien está en posición de cobrar en ambos casos.

La información. Cada búsqueda, cada compra, cada desplazamiento con el teléfono en el bolsillo es un dato. Muchos de los servicios que usamos a diario parecen gratuitos porque el pago no se hace en dinero, sino en información sobre nosotros. Y quien conoce los hábitos, los miedos y los deseos de una población tiene una capacidad de influencia que ningún representante elegido tiene.

Esa presión altera el orden natural de organización del que hablábamos al principio. La comunidad debería identificar su necesidad, organizarse y elegir a quien la gestione. Pero cuando el marco ya viene condicionado desde fuera, la comunidad solo elige entre opciones que otros han dejado sobre la mesa.

España conoce bien este mecanismo. En 2011, en pocas semanas y con el acuerdo de los dos grandes partidos, uno de cada lado del eje, se reformó el artículo 135 de la Constitución para dar prioridad absoluta al pago de la deuda pública. La etiqueta de quien gobernaba no cambió el resultado. La decisión respondía a una presión que no estaba en ningún programa electoral.

La subordinación con apariencia de prosperidad

Esta presión rara vez se presenta como imposición. Se presenta como oportunidad. A quien se subordina se le ofrece un aparente aumento del poder adquisitivo: crédito fácil, consumo más barato, servicios «gratuitos», empleo a cambio de ceder el recurso o el territorio. Durante un tiempo parece un buen trato. Pero lo que se gana en capacidad de compra se pierde en capacidad de decisión. Se puede comprar más, pero se decide menos.

Y cuando la oferta no basta, aparece el miedo. Miedo a la ruina, al rescate, a la fuga de inversiones, a quedarse fuera. La propaganda del miedo es la forma más eficaz de conseguir que una comunidad renuncie voluntariamente a su soberanía, porque convierte la sumisión en prudencia. Es, de nuevo, una apelación a la pasión contra el discernimiento: el miedo es la pasión que mejor paraliza el juicio.

Aquí se cierra el círculo. El eje izquierda–derecha y la presión de los grandes capitales no son dos problemas distintos: el primero es el que hace posible el segundo. Un pueblo dividido en dos mitades enfrentadas, ocupado en vigilar al vecino del otro bando, no tiene tiempo ni fuerza para vigilar a quien no se sienta en ninguno.

Una línea no es un mapa

Visto así, cada polo tiene su punto ciego. Uno abandona lo que no da beneficio; el otro uniformiza lo que es diverso, o se atasca intentando no hacerlo. Pero la trampa no está en elegir mal entre los dos. La trampa está en aceptar que solo hay dos.

Una línea obliga a situarse en un punto, y solo permite acercarse a un extremo alejándose del otro. Cualquier pregunta se reduce a «¿más o menos?». La realidad, en cambio, tiene más dimensiones. Y hay una que el eje oculta sistemáticamente: la escala. No solo qué se decide, sino quién lo decide, a qué distancia de quienes lo viven y con qué control sobre quien lo gestiona.

Esa dimensión cambia por completo los problemas anteriores:

La participación ciudadana, inviable a escala de un Estado, es perfectamente posible en un municipio o una comarca. Lo que a la izquierda se le atasca por tamaño, se desatasca por cercanía.
Los servicios que el mercado abandona por poco rentables pueden organizarlos las propias comunidades: mancomunidades, cooperativas, gestión vecinal. Lo que a la derecha se le cae por falta de beneficio, se sostiene por sentido de pertenencia.
Y la contratación que se decide cerca de quien recibe el servicio es más visible, más fácil de vigilar, más difícil de amañar en silencio.
Una comunidad que gestiona sus propios recursos, su agua, su monte, su energía, es mucho más difícil de comprar que un Estado lejano y endeudado. La cercanía no solo facilita la participación: también protege lo común.

Soberanía cercana dentro del marco común

La alternativa es buscar la soberanía y la autodeterminación de cada comunidad autónoma, de cada provincia e incluso de cada municipio, siempre que se ampare en la Constitución nacional.

No es una idea extravagante ni nueva. Johannes Althusius, a comienzos del siglo XVII, ya pensaba la sociedad política como una federación de comunidades que se asocian de abajo arriba —la familia, el gremio, la ciudad, la provincia— y que solo delegan hacia arriba lo que no pueden resolver por sí mismas. Siglos después, ese principio recibió el nombre de subsidiariedad.

Y la propia Constitución española lo recoge. Su artículo 137 establece que el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y comunidades autónomas, y que todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. El marco ya existe. Lo que falta es habitarlo.

Andalucía lo sabe bien. El 4 de diciembre de 1977, cientos de miles de personas salieron a la calle reclamando autonomía, y el 28 de febrero de 1980 el pueblo andaluz la ratificó en referéndum. No se movilizó como izquierda ni como derecha: se movilizó como pueblo, consciente de su identidad y de su derecho a gestionar sus propios asuntos. Esa es la escala en la que el eje deja de tener sentido.

Quien gobierna y quien delega

El gobernador gobierna a quien delega ser gobernado; no busca gobernar sobre aquellos que ignoran la importancia del gobierno.

La legitimidad fluye en una sola dirección: de quien delega hacia quien recibe el encargo. Un gobernante que pretende imponerse sobre quienes no le han confiado nada no está gobernando; está ocupando. Pero la frase también interpela al ciudadano. Quien ignora la importancia del gobierno, quien no delega conscientemente ni vigila lo delegado, deja un espacio vacío. Y ese espacio no queda sin dueño: lo llenan quienes saben manejar las etiquetas.

Por eso la delegación no es una renuncia, sino una responsabilidad. Delegar exige saber qué se delega, en quién y para qué, y mantener la mirada mientras dure el encargo. Ahí entra la ética, que es lo que da sentido a cada límite y a cada costumbre: no basta con que existan normas que digan quién manda; hace falta entender por qué manda y hasta dónde.

Cambiar la pregunta

Salir del juego de la izquierda y la derecha no es refugiarse en una neutralidad tibia, ni decir que «todos son iguales». Es cambiar la pregunta. Antes de preguntarnos si una propuesta es de izquierdas o de derechas, podemos preguntarnos:

¿Resuelve una necesidad concreta de personas concretas?
¿A qué escala se decide y se gestiona mejor?
¿Quién controla a quien la gestiona, y con qué cercanía?
¿Quién se queda con el recurso, con el beneficio y con la información?
¿Refuerza la capacidad de la comunidad para decidir por sí misma, o la sustituye?

Las palabras que nos parten en dos mitades nos impiden ver que formamos un conjunto. Y un conjunto que se reconoce a sí mismo, con su identidad y su propósito, no necesita que nadie le asigne un asiento. Elige a quien lo represente, lo vigila mientras lo hace y lo sustituye cuando deja de servir. Eso, y no otra cosa, es la política.